La Firma Waltrading S.A., presentó un recurso ante el Tribunal de Cuentas, contra la Resolución DAJ N° 262/2020, ratificada del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), del pago de 20.000 jornales mínimos y la exigencia de presentar un plan de remediación de la Laguna Cerro, tras comprobarse fehacientemente la alta contaminación provocada por la empresa.
Cabe recordar que el artículo 5° de la mencionada Resolución, disponía medidas que deben ser implementadas por el infractor, las que se citan a continuación:
Mantener confinado el cuerpo de agua hasta la plena restauración de sus funciones ecosistémicas.
Retirar los sólidos sobrenadantes del cuerpo de agua y establecer su correcta disposición ambiental.
Presentar un Plan de Remediación del cuerpo de agua, que contenga entre las acciones a implementar lo siguiente:
a) Tratamiento exsitu, la extracción total del líquido existente en la laguna; b) Tratamiento in situ aireación del medio confinado, cuerpo de agua de la laguna, el cálculo de concentración de contaminantes y la dilución requerida, eliminación y tratamiento de lodos del lecho de la laguna; c) Cronograma de todas las acciones a implementar para la recuperación biológica efectiva del cuerpo de agua; d) Establecer un monitoreo de la calidad del cuerpo de agua confinado cada setenta y dos (72) horas, a fin de determinar si las acciones implementadas son efectivas o requieren de una nueva medida correctiva.
Sin embargo, con la acción dilatoria de Waltrading y conociendo los antecedentes de muchas demandas presentadas que guardan relación con delitos ambientales presentados ante lo Contencioso Administrativo, donde las resoluciones suelen darse muchos años después, los trámites como el cobro de multas y la recomposición imperante ante la grave situación generada en la Laguna Cerro, se encuentran totalmente paralizados.
El MADES, ya agotó todas las instancias administrativas que las leyes le confieren, para tratar de que la empresa se haga cargo de la grave contaminación ambiental ocasionada y espera celeridad por parte del Tribunal de Cuentas, cuando se trata de casos ambientales.
