En un operativo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio Público, fue intervenida una propiedad ubicada en la compañía Guazú Kue, en los límites de la Reserva para Parque San Rafael, en el lugar se pudo constatar el desmonte y quema de un área boscosa natural, que afectó alrededor de 30 hectáreas, todo esto para la fabricación de carbón vegetal. En las cercanías detuvieron además, un tractor que transportaba unas 200 bolsas de carbón vegetal, presumiblemente de especies nativas, los responsables, tanto como el vehículo y los productos quedaron a disposición de la comisaría local.
Tal como indica el informe remitido por los fiscalizadores del MADES, el desmonte y la quema del área boscosa causó la alteración del equilibrio ecológica y afectando el hábitat natural de varias especies, en los límites de la mencionada área protegida. Dentro del predio allanado, encontraron cinco hornos para producción de carbón, los que fueron destruidos, también se encontraron 6 rollos de especies nativas, en el lugar existe una naciente de agua, la que era utilizada en el proceso de elaboración del carbón. En la intervención no se encontró a ningún responsable de estos trabajos.
No obstante, todos los antecedentes constados serán remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica, de manera a iniciar la investigación pertinente y que los responsables de respondan ante el MADES, en virtud a las normativas ambientales vigentes.
Dos detenidos por transporte ilegal carbón vegetal
Como se menciona más arriba, durante el recorrido por la zona, se procedió a la detención de un tractor de la marca VALMET, color amarillo que transportaba en cachape, unas 200 bolsas de carbón vegetal, presumiblemente de especies nativas. Las dos personas responsables fueron derivados a la comisaría jurisdiccional de Enramadita, Caazapá y quedaron a disposición del juez penal de garantías. Tanto el tractor como los subproductos forestales quedaron en el predio de dicha comisaría.
Cabe destacar que estos procedimientos se dieron en cumplimiento a la orden de allanamiento emitida por la Unidad Fiscal Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente, de manera conjunta con fiscalizadores y guardaparques del MADES, así como agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
A instancias del MADES, todos estos hechos serán investigados en virtud a la Ley 352/94 “Áreas Silvestres Protegidas”.
